La promesa era histórica: tras más de cuatro décadas de silencio, vulneraciones sistemáticas y fallas estructurales en la custodia estatal, la Comisión Verdad y Niñez (1979-2024) se erigió como la vía institucional para saldar la deuda con los miles de sobrevivientes del antiguo SENAME. Sin embargo, a solo siete meses de vencer el plazo para la entrega de su informe final en abril de 2027, la instancia atraviesa una encrucijada crítica donde la urgencia de las víctimas amenaza con quedar atrapada en la burocracia estatal.
A la fecha, el saldo alcanza a poco más de 400 testimonios recogidos, una cifra acotada frente a la magnitud de víctimas estimadas durante los 45 años de funcionamiento del sistema. En paralelo, la gestión interna enfrenta recortes en regiones, severas dificultades para acceder a archivos clave y una profunda crisis por el despido de equipos técnicos que encendió las alarmas de la Defensoría de la Niñez y provocó la citación de las autoridades a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La falla de origen: El pecado de una comisión asesora
Para la abogada y ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, el nudo crítico del proceso no es solamente una contingencia de agenda, sino el resultado directo del diseño institucional adoptado por el Ejecutivo desde el primer día. Muñoz explicó que, pese a las advertencias que desde la propia Defensoría le hicieron en su momento al Gobierno para exigir una estructura con dientes, este optó por la figura de una «comisión asesora presidencial» – un mecanismo creado por Decreto Supremo que depende de la voluntad política del Mandatario de turno y que carece de un mandato por ley de la República–. De esta forma, la instancia nació expuesta a los cambios de administración, sin presupuesto protegido y sin atribuciones para exigir la entrega de antecedentes. A su juicio, la decisión restó fuerza desde el origen: «Fue un error del Gobierno optar por una comisión asesora presidencial en lugar de una Comisión de Verdad y Reparación con rango legal y atribuciones vinculantes».
Las consecuencias de esta fragilidad de origen se traducen en un riesgo operativo cotidiano para la búsqueda de la verdad. Para Luis Cortés, abogado especialista en derechos de la infancia y magíster en Sociología, la falta de una ley que obligue a los organismos públicos a rendir cuentas expone a la investigación a un paulatino «debilitamiento de lo público». Sin un marco normativo que garantice autonomía y carácter vinculante para las recomendaciones finales, Cortés advirtió que el informe corre el peligro de diluirse ante la burocracia estatal: «Si no hay garantías mínimas, autonomía y un presupuesto adecuado, el objetivo de obtener Verdad, Justicia y Reparación corre el riesgo real de quedar solo en el papel».
El muro burocrático y el bloqueo de datos históricos
A las debilidades de diseño se suma la imposibilidad práctica de reconstruir la memoria documental de los sobrevivientes. Judith Schönsteiner, académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y ex comisionada de la instancia, reveló que la recopilación de antecedentes chocó contra la resistencia del propio aparato estatal: «El acceso a los datos del Servicio de Protección Especializada (sucesor del SENAME) fue imposible hasta el día en que renuncié. Se nos negó el acceso a carpetas e historias clínicas, contraviniendo abiertamente las obligaciones del Estado impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Esta traba no fue un hecho aislado del inicio del proceso, sino una constante que continúa obstaculizando el trabajo cotidiano de la Secretaría Técnica. Según ex integrantes del equipo técnico de la Comisión, los profesionales se enfrentaron en la práctica a registros «incompletos, fragmentados, contradictorios o simplemente inexistentes». El impacto humano de esta negligencia documental recae en los propios sobrevivientes: los exfuncionarios relatan que hubo víctimas que, al solicitar antecedentes sobre las residencias donde vivieron, recibieron información errónea sobre lugares en los que jamás estuvieron, o bien la respuesta de que el Estado sencillamente no pudo reconstruir sus trayectorias institucionales.
La gravedad del estancamiento fue detallada en una minuta técnica interna fechada al 9 de septiembre de 2026 y a la que tuvo acceso Rumbo Crítico, advierte que el cierre o debilitamiento del trabajo de archivos compromete directamente la posibilidad de contrastar testimonios recogidos oralmente con registros oficiales, obstaculizando la reconstrucción de patrones de vulneración mandatados en el Decreto Supremo N.º 150.
Consultado por este bloqueo de información, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Branislav Marelic, matizó las denuncias atribuyendo la lentitud en el traspaso a exigencias normativas: «Existe información que está protegida por normas legales especiales, por lo que en esos casos el acceso ha sido más lento solamente por los requisitos y procedimientos que se imponen. Por ejemplo, mucha información del Servicio de Protección Especializada se encuentra con una protección reforzada, por lo que aún contando con toda la disponibilidad, tenemos que formalizar un convenio, el que ya se encuentra pronto a suscribirse».
En cuanto al acotado volumen de relatos recogidos a pocos meses del término del mandato, Marelic admitió la urgencia del escenario actual, afirmó que «tenemos un desafío urgente, que estamos ya abordando, sobre aumentar nuestro alcance a territorios no representados en los testimonios y a personas que se encuentran en recintos de privación de libertad actualmente o en situación de calle».
El quiebre técnico y el riesgo de revictimización
La crisis operativa escaló tras la reciente desvinculación de profesionales clave en las áreas técnicas y de escucha. Mientras Marelic defiende que la medida respondió a un «análisis objetivo de desempeño y responsabilidad», argumentando que «los existentes procedimientos eran insuficientes o inadecuados», los relatos desde el interior de la Secretaría Técnica exponen una profunda fractura metodológica.
Ex integrantes del equipo técnico de la Comisión desmintieron la versión oficial sobre las evaluaciones de desempeño y alertan sobre el impacto ético de alterar los equipos de escucha: «A quienes integrábamos los equipos técnicos nunca se nos realizó una evaluación del trabajo desarrollado ni se nos permitió presentar la metodología construida durante aproximadamente un año de trabajo. En este tipo de procesos, la confianza no se construye automáticamente; cambiar abruptamente a quienes ya acompañaban a las víctimas no es una mera decisión administrativa: puede quebrar la confianza y hacer que algunas personas desistan de testimoniar».
Asimismo, el equipo desvinculado reveló un giro metodológico que tensionó la relación con las víctimas, acusando intentos de relativizar el valor de los relatos orales frente a la precariedad de los archivos del Estado: «Se manifestaron reparos respecto de que el reconocimiento se sustentara principalmente en el testimonio de las propias víctimas. Sin embargo, en una comisión de verdad el testimonio posee valor por sí mismo y no puede quedar subordinado únicamente a registros administrativos, especialmente cuando el propio Estado no conservó esos antecedentes», afirmaron.
Alertas institucionales y el expediente que llega al Congreso
El quiebre interno encendió las alarmas de los organismos autónomos de protección. Desde la Defensoría de la Niñez confirmaron haber sostenido reuniones de alto nivel con el Ministerio de Justicia y con el propio Secretario Ejecutivo para exigir resguardos institucionales. Tal como han advertido los propios profesionales desvinculados, el organismo autónomo remarcó que la reestructuración y las salidas en el área de escucha pueden generar «una severa incertidumbre y un daño grave a la confianza de las víctimas», subrayando que «esa confianza es un elemento esencial y debe ser protegida con el máximo estándar».
El conflicto trasladará su discusión a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde las autoridades fueron citadas a rendir cuentas. Si bien a inicios de mes trascendió la solicitud firmada por 25 funcionarios pidiendo la salida de Marelic por problemas de gestión y clima laboral, el informe técnico entregado a Rumbo Crítico, expone cuestionamientos de fondo al funcionamiento de la instancia.
La minuta, que servirá de insumo para la fiscalización parlamentaria, detalla que la Comisión opera sin el Decreto Supremo reglamentario vigente que valide su nueva integración desde junio de 2026, carece de una planificación estratégica formalmente aprobada con metas e indicadores a 2027, y alerta sobre cambios en la plataforma web institucional donde se habrían suprimido o reducido conceptos centrales como «violaciones de derechos humanos», «reparación» y «garantías de no repetición».
Con la cuenta regresiva en marcha hacia abril de 2027, el dilema de la Comisión Verdad y Niñez sobrepasa la simple gestión de un calendario oficial. La interrogante de fondo que comparten expertos, organismos autónomos y los propios ex integrantes de equipos técnicos es si el Estado terminará priorizando el cumplimiento formal de una fecha por sobre la profundidad, la cobertura territorial y la rigurosidad ética que exige una comisión de verdad.
El riesgo latente es que la urgencia administrativa conduzca a la entrega de un informe parcial o superficial, donde la reducción de profesionales en regiones, las trabas al análisis de archivos históricos y las modificaciones metodológicas terminan invisibilizando la real magnitud de los abusos cometidos durante 45 años. Desde la Defensoría de la Niñez, la advertencia apunta a evitar que el esfuerzo institucional se transforme en un trámite archivado en un cajón, sin transformaciones reales ni compromisos de reparación efectiva.
Finalmente, el valor de esta instancia no dependerá de la entrega puntual de un documento, sino de la capacidad real del Estado para reconocer las violaciones cometidas y fijar garantías que impidan que la historia vuelva a repetirse.